lunes, 23 de mayo de 2016

Crimen de José Luis Cabezas


El 16 de febrero de 1996 en las playas de Pinamar, Cristina Cabezas jugó ser una turista más. Su marido, José Luis, simuló hacerle fotos con su cámara, pero el objetivo no era ella. Metros detrás de Cristina, Alfredo Yabrán caminaba junto a su mujer, María Cristina Pérez. El torso del empresario estaba desnudo y vestía una bermuda blanca con rayas cruzadas color bordó.
Así consiguió José Luis Cabezas la foto del todopoderoso empresario de la década menemista que le costó la vida, y que vio la luz el 3 de marzo de aquel año cuando la revista Noticias la publicó en su tapa. Poco menos de doce meses después, el reportero gráfico fue encontrado asesinado en una cava en General Madariaga.
El rostro de Yabrán era un bien preciado para todos los medios de comunicación desde el 25 de agosto de 1995, cuando, el por entonces ministro de Economía Domingo Cavallo acusó al empresario de ser "jefe de una mafia enquistada en el poder".

Su cara nunca había sido publicada y él se ufanaba de eso. "Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente", dijo alguna vez en una entrevista. "Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía", también fue una frase que se le atribuye. Rara vez concedía entrevistas, y cuando lo hacía exigía que el periodista no esté acompañado por un fotógrafo.


Foto que tomó José Luis Cabezas del empresario Alfredo Yabrán (febrero-1996)






A José Luis Cabezas lo secuestraron en la madrugada del 25 de enero de 1997 al salir de la fiesta de cumpleaños del empresario telepostal Oscar Andreani. Fue golpeado, esposado, torturado y conducido a una cava ubicada en pleno campo a 11 kilómetros de Pinamar. Allí lo ejecutaron con dos tiros en la cabeza y luego quemaron su cuerpo dentro del vehículo que la revista Noticias le había alquilado para cubrir esa temporada. 






El seguimiento del caso

Cuando aún no había pasado un mes del asesinato, el 12 de febrero de 1997 detuvieron a una banda de cinco prostibularios de la ciudad balnearia de Mar del Plata, en cuyo poder se encontró la supuesta arma homicida. El mismo día en que se produjeron las detenciones, el ministro del Interior de la Nación, Carlos Corach, y el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, viajaron a la ciudad de Dolores, donde se llevaba adelante la investigación judicial. 


Allí anunciaron, aunque no se había hecho ninguna pericia, que se había encontrado el arma homicida y que prácticamente el crimen estaba resuelto. A esta banda de prostibularios marplatenses conocida como "los Pepitos", se había llegado a través de un misterioso informante policial (Carlos Redruello). Este finalmente terminó detenido, implicado como partícipe del homicidio. La sociedad no creyó esta historia tan apuntalada desde las trincheras oficiales y sintió que estaban tratando de colocar chivos expiatorios para encubrir a los verdaderos asesinos. Todo hace entender que las sospechas tenían razón de ser.





Un mes y medio después detuvieron a un policía de la provincia de Buenos Aires –Gustavo Prellezo –y a cuatro ladrones de poca monta. Fueron denominados popularmente como "los horneros", por ser oriundos de la localidad de Los Hornos. Ellos eran Horacio Braga, Sergio Gustavo González, José Luis Auge y Miguel Retana. Este último se había "quebrado" y confesó a un empresario su participación en el crimen. A través de este intermediario, el dato había llegado a oídos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Según la historia oficial, Duhalde convenció al joven para que declarara en la causa.







Prellezo era un oficial inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que había cumplido funciones de subcomisario en Pinamar pero que poco tiempo antes del asesinato había sido trasladado a otro balneario. Sin embargo, mantenía aceitados contactos con la policía local. Poco tiempo después también eran detenidos otros dos policías de la zona –Sergio Cammarata y Anibal Luna –que habrían preparado la "inteligencia" previa al asesinato. Y se fue cerrando el círculo sobre la esposa de Prellezo, la policía Silvia Belawsky, de quien se descubrió que pidió los antecedentes de José Luis Cabezas apenas un mes y medio antes del crimen.




Con la aparición de elementos en la causa se fueron generando dos líneas investigativas preponderantes: La que apuntaba a la publicación de “Maldita Policía”, donde agentes y oficiales se vieron afectados por la gran purga que ocasionó esa tapa que José Luis Cabezas había ilustrado con la foto del comisario Pedro Klodczyk. La otra era la de Alfredo Yabrán, cuya imagen por fin había alcanzado cierta notoriedad también gracias a las fotografías que José Luis le había sacado un año antes.





En la investigación judicial se produjo un importante punto de inflexión cuando se empezó a utilizar el sistema informático Excalibur para entrecruzar los llamados telefónicos de los sospechosos. Cuando fue detenido el policía Prellezo se sometió a sus teléfonos a este proceso y allí, para estupor de muchos, apareció una gran cantidad de llamados con el jefe de seguridad de Yabrán, un ex sargento del Ejército llamado Gregorio Ríos. Ríos permanece detenido como presunto instigador del homicidio, aunque bajo la sospecha de que no sería él quien habría dado la orden original. Estos llamados entre Prellezo y Ríos se multiplicaron durante los días anteriores al crimen y se cortaron abruptamente justo después del 25 de enero de 1997.





También se comprobó que Prellezo había mantenido contactos con el propio Yabrán, tenía una tarjeta personal entregada por el megaempresario y que se había reunido con él. El encuentro, reconocido por Yabrán y por Prellezo, se concretó en las oficinas del magnate, un mes antes del crimen de José Luis Cabezas. Luego en la causa aparecieron más testimonios que complicaron la situación de Yabrán y su jefe de custodia (incluso un testigo declaró haber visto reunido a Ríos y Prellezo poco después del crimen).





Pero no fue el único vínculo que se encontró entre Yabrán y la policía local. También mantenía relaciones con otros miembros de la Policía de Pinamar. Esta delegación quedó muy complicada con el crimen –sobre todo su ex comisario Alberto Pedro Gómez –ya que con el avance de la investigación se descubrió que en la madrugada del crimen existió virtualmente una "zona liberada".





Sin embargo, se fueron acumulando indicios hasta que finalmente, cuando la sospecha sobre Yabrán ya estaba extendida sobre gran parte de la sociedad, la mujer de Prellezo "se quebró" y dijo que su marido –supuesto asesino de José Luis, le había confesado que detrás del crimen estaba Yabrán. Era el 15 de mayo de 1998 y el juez José Luis Macchi dispuso su detención. Yabrán se dio a la fuga y el magistrado pidió su captura internacional.




El 20 de mayo de 1998, cuando una comitiva policial ingresó al casco de su estancia San Ignacio, en la provincia de Entre Ríos, Alfredo Yabrán se habría pegado un tiro con una escopeta en la boca. A pesar de las pericias, muchas dudas persisten sobre su supuesto suicidio. La mayoría de la gente no cree que Yabrán esté muerto. El resto se reparte entre quien cree que se suicidó y quien considera que lo mataron para encubrir a alguien más "pesado" que él. La mitología popular lo imagina disfrutando en alguna playa del Caribe o en Siria, de donde son sus antepasados, luego de haber modificado su rostro con una cirugía estética.










El 2 de febrero de 2000, en juicio oral y público, en la Cámara de Apelaciones de Dolores condenaron a prisión perpetua:


  • Como instigador: El ex suboficial del Ejército Gregorio Ríos,mano derecha y jefe de la custodia personal de Alfredo Yabrán.
  • Como autor material del hecho: El ex oficial de la policía bonaerense Gustavo Prellezo.
  • Como partícipes en la logistica del homicidio: Los ex policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta.  En el año 2002 obtuvo la misma condena el ex policía Alberto "La Liebre" Gómez.
  • Como partícipes encargados del secuestro: Horacio Braga, Sergio González, José Luis Auge y Miguel Retana, miembros de la banda "Los Horneros", que habrían sido delincuentes contratados por Prellezo.

El destino de los implicados en 2016
  • Gregorio Ríos, jefe de custodia de Alfredo Yabrán, fue condenado como instigador del crimen y se le rechazó la excarcelación en diciembre de 2006; su condena a perpetua cambió a 27 años, en su último período en prisión domiciliaria. 
  • Gustavo Prellezo, policía, fue condenado a prisión perpetua pero el 23 de septiembre de 2010 fue beneficiado con prisión domiciliaria por cuestiones de salud. 
  • Aníbal Luna, policía de Pinamar, condenado a prisión perpetua.
  • Sergio Camaratta, policía de Pinamar, condenado a prisión perpetua. Murió el 3 de abril de 2015 tras una larga enfermedad.  
  • Alberto Gómez, alias "La Liebre", comisario de Pinamar, condenado por haber liberado la zona para que el crimen ocurriera.
  • Horacio Anselmo Braga fue condenado a 18 años de prisión y liberado el 25 de enero de 2007; varios factores influyeron: se benefició con el 2 por 1 (se computa doble cada año de proceso sin condena), obtuvo resultados favorables en los informes psiquiátricos, presentó buena conducta, y pagó una fianza de 20.000 pesos para salir de la Penitenciaría número 9. Ese día, seis mil personas se juntaban en Pinamar para pedir justicia por Cabezas. 
  • Sergio Gustavo González, condenado a prisión perpetua, fue liberado hacia febrero de 2006 por reducción de pena a 20 años; tal reducción habrá de ser revocada por la Corte Suprema de Justicia Argentina 
  • José Luis Auge, condenado, fue liberado en 2004. 
  • Miguel Retana, condenado, enfermo de SIDA, murió en el 2001.

Se revocó la libertad condicional de Auge, González y Braga por haber violado sus términos: no se encontraban en los domicilios informados.




El pedido de justicia

El crimen de Cabezas fue señalado como el  peor atentado contra la libertad de expresión en democracia y en la actualidad la mayoría de los condenados por el homicidio se encuentran en libertad a raíz del cómputo de la cantidad de años que  pasaron presos hasta que se dictó sentencia.
El hecho conmovió a la opinión pública, llegó a las más altas esferas políticas y desató una modalidad de protesta y pedido de justicia que permitió quebrar oscuros encubrimientos que superó complicidades y severas trabas a la causa.



La familia de José Luis Cabezas reclamó justicia desde 1997 cuando ocurrió el crimen hasta la actualidad.








martes, 10 de mayo de 2016

Manifestaciones en repudio al caso Cabezas

El crimen de José Luis Cabezas es sinónimo de atentado a la libertad de prensa e información en la Argentina. Las características mafiosas del crimen quisieron advertir a quienes hacen periodismo que esa libertad de información  y expresión tiene límites marcados por el poder.
A nivel nacional se realizaron diversos homenajes a la memoria del fotógrafo José Luis Cabezas en diferentes puntos del país y con gran participación de organismos gremiales, políticos y particulares.


Desde 1998, cada 25 de enero la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina encabeza actos y manifestaciones en reclamos de justicia por la memoria del reportero gráfico asesinado solamente por cumplir con su trabajo



Entierro de José Luis Cabezas

La familia ha sido eje del caso participando de las manifestaciones, acompañada en todas y cada una de las concentraciones. Se movilizaban para pedir Justicia por un caso que fue tratado con muchas irregularidades.
Pero lo que fundamentalmente indignó a la sociedad, fue el hecho de que la muerte de Cabezas se hubiera producido en medio de una trama que revelaba las oscuras relaciones de corrupción entre distintos de factores de poder, que anudaban lo político, lo empresarial y hasta el factor policial.



"Sin justicia, no hay democracia" es una frase que se encuentra presente en las distintas movilizaciones que se realizan cada año para homenajear a José Luis Cabezas dado como un incansable pedido de justicia por parte de la sociedad que convirtió al fotógrafo como un símbolo de lucha contra la corrupción. Periodistas, reporteros gráficos y familiares investigan y quieren hacer públicas todas aquellas informaciones que se pretenden ocultar de este misterioso asesinato que demostró que las organizaciones mafiosas necesitan de la impunidad para seguir realizando lo que ellos quieren.

En este caso, como en tantos otros, ni siquiera la movilización social pudo impedir que la impunidad terminara por imponerse. La Justicia, una vez más, quedó en deuda.